VISTO:

               El anunció del Gobierno Nacional dados a conocer mediante decretos 131/2022 y 132/2022 por el cual se aumentó los Derechos a las Exportaciones de los subproductos de aceite y harina de soja de 31% a 33% y se creó un Fondo Fiduciario Público bajo el nombre de “FONDO ESTABILIZADOR DEL TRIGO ARGENTINO” perjudicando directamente al sector agroindustrial, lo que, generando una caída evidente en la única fuente genuina de divisas del país, y;

CONSIDERANDO:

                                   Que nuevamente vemos como el actual Gobierno Nacional realiza un diagnóstico falso a los problemas, para luego aplicar los remedios equivocados. Así es que vuelven a anunciar un aumento a los derechos de exportación que afecta a toda la cadena agroindustrial en su conjunto.

                                   Que el Gobierno pretende hacer creer con esta medida que «a los productores no se les sube ninguna retención, ni le afecta en forma directa”, lo cual termina siendo una total falacia, ya que todo lo que pase en algún lugar de la cadena termina pagándolo el primer eslabón de ésta, el productor, el más perjudicado con el aumento de éste tipo de impuestos distorsivos, regresivos y confiscatorios como son los Derechos de Exportación.

                                   Lo que es peor aún, es el descaro de la mentira oficial, ya que hace apenas unos días el propio Ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, anunció que “no habría aumento de retenciones a los cereales ni cierre de exportaciones”

(https://tn.com.ar/campo/2022/03/03/ni-mas-retenciones-a-los-cereales-ni-cierre-de-exportaciones-la-promesa-de-julian-dominguez/) y además agregó “son decisiones que el Presidente definió como eje de trabajo y son tareas que me delegó. Hay que despejar incertidumbres y miedos, estamos muy seguros de lo que estamos haciendo”.

(https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/retenciones-el-dia-que julian-dominguez-prometio-no-cerrar-exportaciones-nid13032022/) Es el nivel de cinismo y mentira, lo que hoy más incertidumbre genera en el campo argentino.

                                   Que el sector agropecuario ha sido uno de los pocos sectores de nuestra economía que no se detuvo durante la pandemia.  El mismo ha trabajado a destajo para seguir produciendo alimentos a fin de que no escasee la comida en la mesa de los argentinos, ni las divisas que tanto necesita el Estado Nacional para seguir pagando sueldos, proveyendo asistencia social y cumpliendo con compromisos de pagos de deuda.

                                   Para dimensionar el impacto negativo de éste tipo de decisiones, podemos analizar el aporte que nuestra provincia realiza a la economía nacional. En este sentido, podemos decir que: en aproximadamente 25 millones de hectáreas productivas, con unas 38.700 explotaciones agropecuarias, la participación en el producto bruto agropecuario nacional representa el 30% del total. En la actualidad la Provincia de Buenos Aires tiene la mayor incidencia a nivel nacional en lo relativo al trigo (52%) y al girasol (52%) y con una participación creciente en la soja (22%) y el maíz (27%). Pese a una presión tributaria asfixiante y exorbitante, el sector agropecuario bonaerense aporta con mucho esfuerzo aproximadamente 4 millones de puestos de trabajo (de forma directa e indirecta).

                                   Un incremento impositivo en el contexto que vivimos, pone en vilo no solo a los productores agropecuarios, sino también a todos aquellos ciudadanos y pueblos que dependen su bienestar social y económico de la suerte del campo. Para dimensionar el impacto negativo que generan decisiones políticas de esta naturaleza en el interior de la Provincia de Buenos Aires, basta con analizar las grandes sumas que dejarían de circular en las economías de los pueblos para engordar las arcas del Estado Nacional. Únicamente en materia de retenciones a la soja, sin contar el impacto del desdoblamiento cambiario, ni la sumatoria de impuestos nacionales, provinciales y municipales, sin contar otras producciones como maíz, trigo, girasol, lechería, sin contar economías regionales, industrias, comercios, etc., el Estado Nacional le saca del bolsillo de los productores bonaerenses la impactante cifra de 3.500 millones de dólares anuales. Dicha cifra, convertida al cambio oficial ($114,75/US$) nos da como resultado la suma aproximada de 402.000 millones de pesos. Pero, como es una cifra tan grande y difícil de dimensionar para analizar el impacto negativo real de dicho nivel de saqueo, podemos imaginar que la dividimos entre los 135 distritos que comprenden la Provincia de Buenos Aires, suponiendo que todos los distritos son productores y que éstos a su vez, son de similares dimensiones y características, llegamos a la conclusión que el Estado Nacional extrae del bolsillo de nuestras economías locales de cada municipio, alrededor de 3.000 millones de pesos. ¿Podemos imaginar ahora el impacto positivo que ésta cifra de dinero significaría si fuera volcada en las economías locales de nuestros pueblos y ciudades? Porque hay que entender, que éstos fondos con los que se hace el Gobierno Nacional no son coparticipables, es decir, no regresan a su lugar de origen, no se reinvierten en maquinarias, mejoras, servicios, tecnología, infraestructura, agregado de valor, mano de obra y menos aún, de lo que nadie habla, en la reposición de nutrientes de los suelos, lo cual agrava más aún el problema a largo plazo.

                                   El sector no conoce otra política de Estado que no sea un aumento sostenible de la presión impositiva, una estigmatización constante frente a la sociedad y una utilización política e ideológica lamentable.

                                   Anuncios de esta índole, como la creación del “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino”, son solo anuncios mediáticos que esconden enormes mentiras, con el único objetivo de apropiarse de recursos que pertenecen legítimamente a los productores agropecuarios. El impacto real del costo del trigo, en el componente “precio” del pan, por citar un subproducto, es del orden del 10 o 15%, mientras que, por ejemplo, un 35% corresponde a impuestos. Por ende, si el Gobierno realmente quisiera bajar el costo de los alimentos, debería empezar por eliminar impuestos como el IVA en la canasta básica, en vez de saquear parte de la renta agraria. En el resto de los alimentos presentes en las góndolas de los supermercados, el porcentaje de impuestos alcanza hasta el 50%.

                                   Por ende, anuncios como éstos, incrementan la desconfianza y la incertidumbre en el sector. Ello inevitablemente termina impactando en la disminución de la inversión, de la superficie cultivada y por ende de la producción, lo que repercute en el nivel de oferta y de las exportaciones. El sector necesita justamente lo contrario: certidumbre, mensajes claros y políticas públicas que generen confianza a largo plazo, para aumentar la producción, para que de esa forma se incrementen las exportaciones, la generación de divisas y la oferta laboral, justamente todo aquello que hoy más demanda nuestra economía nacional hoy en crisis.

                                   Cabe recordar que medidas de esta naturaleza ya se han tomado en el pasado y han producido resultados inversos a los esperados. Las restricciones a exportar carne (2006), por ejemplo, han impactado en la baja inmediata de los precios, pero en el mediano y largo plazo desalentó drásticamente la producción ganadera, lo cual produjo la disminución de la oferta de carne en el mercado interno y, por tanto, el incremento de 50% del precio por encima del promedio de la inflación y una enorme pérdida de stock ganadero, en alrededor 11 millones de cabezas, cifra que al día de hoy no ha podido ser recuperada.

                                   No caben dudas que existe un trasfondo puramente ideológico y recaudatorio en las intenciones de los funcionarios del Gobierno Nacional. Todo indica que pretenden aprovecharse de las subas de precios del trigo y el maíz en el mercado de Chicago, por el ataque ruso a Ucrania, ya que, si fuera su real objetivo morigerar la suba interna de los precios en góndolas (la excusa elegida en este caso), lo primero que deberían eliminar son los impuestos, ya que, como se enunció párrafos arriba, representan un 50% del costo de los alimentos en las góndolas. En otras palabras, es el Estado quien se queda con la mitad del plato de comida de los argentinos. Todo ello constituye una verdadera inmoralidad considerando que hoy en día el 50% de la población de nuestro país, está por debajo de la línea de pobreza.

Si el Gobierno Nacional no estuviera motivado por viejos resentimientos ideológicos y sintiera fuerte afinidad por lo ajeno, hoy deberíamos estar pensando en cómo aprovechamos esta suba de precios internacionales de los commodities, buscando duplicar o triplicar la producción, para aumentar las exportaciones y así generar un extra de divisas que hoy están aprovechando nuestros países vecinos. Pero no, la respuesta del Gobierno es cerrar exportaciones, aumentar retenciones y apropiarse de la renta de los productores, justamente el camino contrario. Una pena.

                                   En el presente contexto de crisis económica, política y social, agravado por la inseguridad jurídica que nos tiene acostumbrado el partido oficialista en ejercicio del poder, los productores siguen invirtiendo su capital, generando mano de obra en el interior, exportando para traer las divisas que nuestro país tanto necesita. Este tipo de medidas solo desalientan la inversión. Menos inversión es menor producción. Menos producción es igual a menos dólares para el país.

                                   Que no podemos desconocer la importancia que el sector agropecuario tiene para nuestro económico local, teniendo una injerencia directa en aproximadamente el 70% de la misma,

                                   Que es nuestra obligación hacer oír la voz de nuestro vecino a los fines de salvaguardar sus derechos,

POR TODO ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DEL PARTIDO DE NAVARRO, EN USO DE

LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,

SANCIONA LA SIGUIENTE

RESOLUCIÓN

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Navarro resuelve expresar el más enérgico repudio a la decisión del Gobierno Nacional, informada mediante los decretos 131/2022 y 132/2022 por el cual se aumentó los Derechos a las Exportaciones de los subproductos de aceite y harina de soja de 31% a 33%;  Y se  creó un Fondo Fiduciario Público bajo el nombre de “FONDO ESTABILIZADOR DEL TRIGO ARGENTINO” perjudicando nuevamente de forma directa al sector agroindustrial, y a todos los ciudadanos argentinos debido a que dicha medida, genera una evidente  caída  en la única fuente genuina de generación de divisas para nuestro país. –

Artículo 2º: Comuníquese a quien corresponde, dese al libro de Resoluciones y Decretos y cumplido, archívese. –

REGISTRADO CON EL Nº 004/22.-

EXPEDIENTE Nº 4303 -HCD- 22.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL H.

CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO

DE NAVARRO, A LOS 28 DIAS DEL MES

DE MARZO DEL 2022.-

       CAROLINA BOTTERO                                                     FRANCO DI LEO

                  Secretaria                                                                         Presidente

Honorable Concejo Deliberante                                  Honorable Concejo Deliberante